Los colegios de la nueva concertada sigue​n infringiendo la gratuidad de la educación obligatoria

La FAPA Giner de los Ríos y CICAE han registrado en la Asamblea de Madrid dos informes, realizados por consultoras privadas especializadas, que demuestran las irregularidades en el cobro de cuotas de la mayoría de colegios de la nueva concertada de la Comunidad de Madrid y el lucro que de ello obtienen. Los documentos concluyen que el 100% de los centros visitados exigen un pago fijo obligatorio, 148€ mensuales de media, siendo en algunos casos hasta de 198€, por lo que vulnera todas las normativas vigentes, en particular la Ley Orgánica del Derecho a la Educación.

La mayoría de estos colegios, en régimen de concierto, han sido construidos en la última década gracias a que la Comunidad de Madrid cedió terreno público a precios ventajosos. Los documentos demuestran que el patrón con el que opera gran parte de estos centros educativos difiere del de una entidad benéfico docente receptora de subvenciones públicas, asemejándose más a las de organizaciones con una estructura de entramado empresarial complejo, lo que va en contra de las exigencias legales para gozar de un concierto y, con ello, de los fondos públicos que se reciben.

Tan solo el 20% de los colegios analizados menciona el carácter no lucrativo de la cuota. La ley indica que se considera una falta grave, motivo de retirada del concierto, que estos centros generen lucro con la percepción de estos cobros. A su vez,  el 77% no menciona la voluntariedad de cuotas en la visita informativa de los padres, de estos  el 39% tampoco lo refleja por escrito, y el 23% que sí lo menciona en la visita y sí aparece reflejado por escrito, de manera verbalizada tiende a explicar que tienen carácter obligatorio, en incluso que  “que la Administración les obliga a ponerlo así”.

Por lo tanto, un alumno en la enseñanza obligatoria en uno de estos colegios, le supone a la familia un desembolso medio de 3.000 euros anuales, sumando los gastos de la cuota complementaria, junto con la del comedor. En este sentido, las familias para conseguir una plaza escolar en estos colegios,  están desprotegidas, pues deben aceptar las condiciones de pago mensual que se les exigen, sin informarles debidamente de su carácter no obligatorio, o bien omitiendo datos en sus informaciones, como el contenido de estas actividades, o el horario de prestación de las mismas. Los informes señalan un nivel de presión muy elevado a la hora de aceptar este impuesto revolucionario.

En el curso 2015-2016 ya se realizó un primer estudio, y el 100% de los colegios sigue reclamando una cuota fija adicional, por encima de los 100€ mensuales. Desde entonces, únicamente cuatro centros han efectuado cambios para adaptarse a la legislación vigente y añaden notas a pie de página de sus comunicaciones sobre la voluntariedad del pago mensual, aunque en las visitas presenciales han recalcado su carácter obligatorio.

Cualquier entidad que recibe fondos públicos o subvenciones está sometida a exhaustivos controles, sin embargo, estos colegios no lo están en el mismo grado. No se controla si obtienen beneficios con todas las actividades y servicios que ofrecen en torno a la enseñanza. Según acreditan los informes, la educación privada concertada se ha convertido en un negocio de grandes beneficios para estos centros, en contra de lo permitido por la normativa aplicable.

Por ello, la FAPA Giner de los Ríos y CICAE instan a la Administración a que adopten nuevas y mejores medidas de control y rectificación de las prácticas irregulares por parte de la nueva concertada, que perjudica a las familias y  tanto a la enseñanza pública como a la privada independiente.

La FAPA y CICAE denuncian

En el mes de julio, las organizaciones FAPA y CICAE registraron estos informes en la Asamblea de Madrid, poniendo esta información a disposición de la Presidenta Cristina Cifuentes y solicitando una reunión para conocer las medidas que tengan previsto adoptar para evitar estos abusos. A día de hoy, ni la Presidenta ni el Consejero de Educación les han recibido. Estas prácticas ilegales, perjudican tanto a los recursos públicos, como a las familias que tienen eliminada la tan cacareada libertad de elección de centro en muchos colegios concertados, y que además suponen una competencia absolutamente desleal para los centros privados independientes

  
2017-10-09T11:03:24+00:00 jueves, septiembre 14, 2017|Noticias Institucionales|